El fiscal de Cámara Daniel Gerardo Marranzino dictó el sobreseimiento del financista Jorge Rigourd, procesado por la presunta comisión de los delitos de estafas reiteradas y de asociación ilícita. La medida también beneficia a Hugo Rubén Sánchez, a Jorge Raúl Cosentino, a Santiago José Pasquini, a Carlos José Valiente, a Marcelino Javier Iturre, a María Celia Paunero, a Sebastián Santiago Sánchez y a Gabriela Susana Fuentes.

El pronunciamiento de Marranzino coincide con el dictamen que en noviembre del año pasado había emitido la fiscala de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, quien había planteado entonces que debía sobreseerse a los nueve acusados por cuanto no había podido ser demostrado que la financiera Cofin SA haya sido la fachada de una asociación ilícita dedicada a estafar ahorristas.

La causa había sido abierta en 2014 por el entonces fiscal Guillermo Herrera, quien sostuvo que los imputados habían sido protagonistas de “la mayor estafa de la historia” y hasta hizo convocatorias públicas de damnificados, entre los que se encontraban desde matrimonios que habían invertido los ahorros con los que esperaban construir una casa hasta familias que habían destinado allí dinero destinado a pagar tratamientos de enfermedades.

Herrera realizó allanamientos y secuestros múltiples en la city tucumana y en un barrio privado; detuvo a Rigourd y a Hugo Sánchez, y hasta abrió 276 cajas de seguridad. En contrapartida, el Colegio de Abogados de la Capital denunció que el caso “Rigourd” demostraría la existencia de “un patrón extorsivo” en la Justicia Penal. La Corte Suprema provincial dispuso entonces una auditoría. Meses después, Herrera renunció para acogerse a la jubilación.

Sin intención fraudulenta

En noviembre, respecto de la estafa, la fiscala Rivadeneira consideró que no estaba probado que los acusados hayan “montado una compleja estructura de recursos humanos y materiales; fingido solvencia; ambientado oficinas y simulado relaciones con el mundo empresario y falseado promesas” con el objeto de obtener dinero para aplicarlo a fines distintos de los pactados. “No podemos tener por acreditado que la intención inicial de los involucrados haya sido fraudulenta ni que hayan aparentado bienes y solvencia debido a que, según el informe contable y el resto de las constancias, los negocios venían funcionando con regularidad”, dijo Rivadeneira.

Marranzino, por su parte, hizo hincapié en que habían vencido los plazos para enjuiciar a los nueve imputados del presunto delito de estafa. Al no haberse formulado un pedido de elevación a juicio que interrumpiera los tiempos de prescripción, la fecha a considerar era la de la citación a prestar declaración indagatoria. Y en todos los casos, ese llamado databa de mediados de 2014 o de febrero de 2015. Así que habían transcurrido más de seis años, que es la pena aplicable al delito del que se los acusaba.

El fiscal de Cámara, al igual que la fiscala de Delitos complejos, coinciden en que la actividad consistía en la celebración de contratos de mutuo mediante la oferta de tasas de interés superiores a las del mercado; la cesión de derechos crediticios y la realización de operaciones inmobiliarias. También destacaba que los clientes llegaban solos a la sede de Cofin SA. Rivadeneira había agregado que no fue posible precisar a partir de qué momento la firma de Rigourd dejó de cumplir con todas las obligaciones. Incluso apuntó que, si bien a partir de 2014 comenzaron a aparecer cheques rechazados, la compañía los rescató y canceló las multas para evitar el cierre de las cuentas corrientes: “ello revela el interés por seguir en el rubro y solucionar los inconvenientes ocasionados”.

Una sociedad legalmente constituida

En cuanto a la asociación ilícita, Marranzino destacó que “la firma Cofin SA se encontraba legalmente constituida desde 1987. Dentro de su objeto social registraba: Servicios; Representaciones, Mandatos y Comisiones y posteriormente se incorporaron inversiones. (…). A su vez se advierte de los informes de la AFIP que la citada firma contaba con empleados registrados, en blanco y abonaba los aportes de seguridad social. Entre los empleados registrados que fueron objeto de denuncia penal en el proceso se encontraban Valiente, Paunero, Iturre, Pasquini, Cosentino y Sebastián Sánchez”.

Rivadeneira había desechado, en tanto, que Rigourd y su equipo se hayan “puesto de acuerdo en forma previa para ejecutar delitos”.

“No se observa que se hayan desplegado conductas ardidosas para apoderarse de suma de dinero perteneciente a los denunciantes a través del engaño”, asevera Marranzino. “No existe elemento probatorio que verifique que Rigourd junto a los otros coimputados hayan simulado su actividad financiera, como así tampoco han aparentado poseer bienes, crédito, empresa o negociación. Como se refirió, era una sociedad legalmente constituida”, puntualizó.

“Como sostiene la fiscala, no se ha verificado la existencia de un acuerdo previo de voluntades entre los propietarios (de Cofin SA) y sus empleados a los fines de la ejecución de delitos indeterminados, que exige el tipo penal de la asociación ilícita”, concluyó.

“Todo mal hecho”

Críticas del abogado de Rigourd

“Esta causa fue armada por el ex fiscal Guillermo Herrera, entre otros, para quedarse con el patrimonio de Jorge Rigourd (foto). Les salió mal. Pero, por supuesto, damnificaron al financista y también a los inversores”, aseveró el abogado Arnaldo Ahumada, abogado de empresario que acaba de ser sobreseido en la causa por presuntas estafas reiteradas y asociación ilítica.

“Todo estuvo tan mal hecho que la documentación que secuestraron nunca pudo ser clasificada y ni siquiera las víctimas tuvieron acceso a esos registros”, cuestionó el penalista.

“Esto demuestra lo que hace una causa penal en manos de la ignorancia, la temeridad y la cobardía, porque sólo cobró una familiar del ex fiscal Herrera, a quien él hizo que le liquidaran la deuda en pleno allanamiento. Por eso, ahora, quien tiene un proceso abierto en la justicia es él”, concluyó.